El uso de bienes confiscados
En el conurbano no existen tantos hoteles como los puede haber en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Justicia, los intendentes, el Estado provincial y el nacional articulan con este tipo de medidas para la emergencia por la pandemia.
Decisiones judiciales que van de la mano con la pandemia dan cuenta de situaciones que desde hace tiempo debieron haberse efectivizado, en un contexto de reparación a la sociedad respecto a los daños que desde el incumplimiento de la ley se efectuó.
Es por caso la utilización de dos inmuebles de las localidades bonaerenses de San Vicente y Esteban Echeverría, que habían sido entregados al Estado tras la detención de sus propietarios, acusados por narcotráfico, y que serán acondicionados para alojar a las personas que violen el aislamiento social, preventivo y obligatorio, informaron hoy fuentes judiciales.
La decisión fue dispuesta por los juzgados federales de Lomas de Zamora, donde tramitan causas por venta de drogas, en las que fueron expropiadas una casaquinta en la localidad de 9 de Abril, Esteban Echeverría, y otra vivienda en San Vicente.
Las propiedades serán acondicionadas para alojar a las personas que violen el artículo 202 y 205 del Código Penal, en concurso con algún otro delito grave, y sea necesario dictar una medida privativa de libertad, pero que no haya posibilidad de alojarlas en algún establecimiento carcelario.
Por ejemplo, si una persona incumplió la cuarentena sabiendo que se encontraba infectada de coronavirus, e interactúa con otras a las que puede contagiar, comete un delito cuya pena es excarcelable, pero sigue siendo un riesgo para la salud.
Según las fuentes, por ese potencial delito no se los puede enviar a su casa, porque contagiaría a su familia; ni a la cárcel, porque sería un castigo elevado y, entonces, la idea de los jueces es contar con domicilios donde se los pueda internar con custodia policial.
“Existiendo inmuebles entregados al Estado que pertenecían a narcotraficantes, para la emergencia pueden ser utilizados para estos fines”, dijo un vocero judicial, que tomó la agencia de noticias Télam.
De acuerdo a esta fuente, “así como un secuestrador extorsivo va a la cárcel o un violador de cuarentena va a su casa, una persona que reiteradamente incumple con el aislamiento puede ser enviado a un hotel de manera compulsiva”.
Sin embargo, dado que en el conurbano no existen tantos hoteles como los puede haber en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Justicia, los intendentes, el Estado provincial y el nacional articulan con este tipo de medidas para la emergencia por la pandemia.
La casaquinta situada en la calle La Paloma al 900, a un kilómetro de la autopista Ricchieri, era acondicionada por el Municipio de Esteban Echeverría, y funcionaba como un búnker de drogas que pertenecía a la banda liderada por Omar Álvarez, alias “Gordo Grasa”, desbaratada en 2018.
Se trataba de una organización que vendía cocaína y pasta base, y que utilizaba casas de lujo como lugares para fraccionar la droga.
La otra vivienda está en San Vicente y pertenecía a otro líder narco llamado Sergio Rodríguez, apodado “Verdura”, quien fue detenido a principios de marzo.
Esa banda tenía más de diez puntos de venta distribuidos entre Almirante Brown, Lomas de Zamora y Esteban Echeverría, y llegaba a vender tres kilos de cocaína por día.
La reparación social (al menos en una instancia menor, ya que el flagelo de las drogas tiene un poder de destrucción superior a cualquier reparación), alivia la balanza de la Justicia, esa que muchas veces se inclina para el lado de los poderosos, que no siempre son las víctimas.